Alrededor de 100 millones de dólares del sector productivo habrían recaudado ilegalmente municipios de las provincias de Esmeraldas y Manabí en los últimos meses; el cobro que es calificado como “indebido” e “injustificado” se habría realizado mediante coactiva por supuesto pago de patentes municipales a empresas que ni siquiera están domiciliadas en esa jurisdicción. Así lo aseguraron algunos representantes empresariales a medios de comunicación en Quito y en Guayaquil.
“Esto no lo podemos permitir, cuando en estos momentos se debe promover la seguridad jurídica en el país, nosotros hacemos un llamado a las autoridades al Gobierno para que nos ayude a solucionar este problema que está afectando a las empresas” así lo afirmó Patricio Alarcón, Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.
Según Caterina Costa, Presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, existen alrededor de 50 empresas que han sido afectadas “Estos cobros indebidos y arbitrarios han sido efectuados sin respetar el Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD. Realmente hay un impacto jurídico muy negativo que se está dando en cadena, nosotros necesitamos que las autoridades del Gobierno Central y de la Función Judicial atiendan ese tema que es tremendamente delicado y que no tiene sustento” afirmó.
Por su parte, José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura aclaró que el sector empresarial respeta la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADS, pero advirtió que rechazan categóricamente la recaudación dolosa a través de la recolección de tributos para beneficio de grupos particulares, perjudicando al sector productivo del país e informó que estos cobros ilegales alcanzan al sector camaronero. “Nosotros como sector productivo y exportador no podemos permitir que un GAD del cantón Muisne emita título de crédito forjado a nombre de una empresa que no tiene ni propiedades, ni oficinas, ni sucursales en ese cantón y que a través de la coactiva se le lleven 300 mil dólares. Empresa que está ubicada en la provincia de Manabí y que trabaja con pequeños productores”. Indicó.
Piden la inmediata intervención del Gobierno Nacional, a través de la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, la Procuraduría y el Consejo Nacional de la Judicatura para que realice las respectivas investigaciones y auditoría sobre la utilización de los fondos recaudados mediante un sistema extorsivo y doloso que carece de legalidad, afectando la producción y el desarrollo de comunidades fronterizas sensibles como Esmeraldas y Manabí.