Más de mil operativos mensuales se ejecutan en zonas estratégicas vinculadas al sector camaronero, tanto por vía terrestre como fluvial, en el marco de un despliegue interinstitucional coordinado entre la Policía Nacional y la Dirección General de Espacios Acuáticos (DIRNEA) de la Armada del Ecuador. Esta estrategia busca contener el avance de estructuras delictivas que representan una amenaza directa a una de las principales actividades económicas del país.
Sin embargo, pese a estos esfuerzos, aún persisten limitaciones en recursos, tecnología y equipamiento de las autoridades de control. Por ello, la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) promueve la participación activa del sector privado en el fortalecimiento de la seguridad, acogiendo los beneficios establecidos en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Seguridad Integral y la Solidaridad Ciudadana. Esta normativa permite canalizar aportes directos a instituciones autorizadas y, al mismo tiempo, acceder a incentivos tributarios.
La contribución del sector privado al fortalecimiento de la seguridad constituye hoy un ejercicio tangible de corresponsabilidad. Estos aportes no solo fortalecerían las capacidades operativas de las instituciones competentes, sino que también permiten proteger al personal que labora en zonas de alto riesgo, preservar entornos productivos seguros y asegurar la continuidad de actividades estratégicas como la acuicultura, clave para la generación de empleo y el crecimiento de las exportaciones nacionales.
La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) ratifica que la seguridad constituye un pilar fundamental para el desarrollo y reitera su compromiso con la articulación público-privada, especialmente en el intercambio oportuno y eficaz de información. No obstante, esto debe ir de la mano con la coherencia y firmeza en la actuación del sistema de justicia, pues la liberación inmediata de personas detenidas en operativos contra el crimen organizado, sin que medie un proceso riguroso y responsable, debilita la labor de las instituciones de seguridad y socava la confianza del sector productivo en el Estado de derecho.