A pesar de que las estadísticas oficiales indican que el camarón habría superado en ventas, como el primer producto de exportación, al petróleo, la Cámara Nacional de Acuacultura señala que la realidad que enfrenta el sector acuícola ecuatoriano es crítica.
Los datos actualizados de 2023 revelan una contracción del sector en ingresos de casi el 5%, lo que equivale a una pérdida de USD 230 millones en ventas en el primer semestre. Esto es alarmante, especialmente considerando el aumento en el volumen de producción en 15%, lo que confirma nuestras advertencias desde finales de 2022 sobre la agresiva caída de precios que hemos experimentado durante todo este año.
Esta preocupante situación de precios internacionales se agrava aún más debido a los problemas internos que enfrenta nuestra industria y que el Gobierno ha ignorado por completo. La inseguridad, denunciada en repetidas ocasiones por nuestro gremio, no solo nos cuesta casi USD 100 millones en custodias armadas y tecnología de monitoreo, sino que también ha cobrado más de 50 víctimas, incluyendo 2 fallecidos. Ninguna de las alternativas propuestas por el sector camaronero ha sido considerada, ni siquiera el porte de armas especiales para empresas privadas o la doble deducibilidad de los gastos en seguridad.
Además, advertimos sobre los graves impactos que tendría el retiro total del subsidio al diésel sin un cronograma adecuado. Hoy, como resultado de la situación del mercado y el incremento del costo del combustible, el productor promedio ve cómo su capital de trabajo se desvanece, mientras otros acumulan deudas o recurren a financiamiento para continuar sus operaciones. Todo esto ocurre sin que se nos brinde a los ecuatorianos una explicación transparente sobre la fijación de los precios de los combustibles, mientras la venta sin control de diésel subsidiado persiste.
La cadena de valor del camarón ecuatoriano ha perdido, hasta julio de 2023, más de USD 1,200 millones de liquidez, como se anticipó meses atrás. A estas pérdidas se debe sumar la falta de recursos asignados a los servicios públicos para el sector, cuyas ineficiencias le cuestan tiempo y dinero a productores y exportadores. Esto, a pesar de que esta problemática fue tratada con el Presidente Lasso, quien ofreció la asignación de recursos que, hasta la fecha, no se cumple.
El sector camaronero exige acciones concretas e inmediatas para abordar estos desafíos y preservar nuestra competitividad. No podemos permitir que la industria que tanto contribuye a la economía con divisas, pero sobre todo con más de 290,000 empleos, se vea socavada por la inacción gubernamental. Es hora de tomar medidas efectivas y proteger nuestro futuro.