Ante la alarmante falta de control en la comercialización de combustibles subsidiados en el país, la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) denunció la problemática al Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos; y al Ministro de la Producción, Comercio Exterior, inversiones y Pesca, Julio José Prado.
La CNA solicitó a las autoridades realizar un análisis exhaustivo de las cifras de Petroecuador EP, con el objetivo de sancionar el abastecimiento ilegal de combustibles subsidiados; lo cual no solo afecta negativamente a la industria camaronera, sino que también ocasiona pérdidas económicas considerables al Estado.
“El impacto negativo de esta falta de control es innegable. Durante nuestras conversaciones con el Señor Presidente de la República, hemos señalado los efectos desfavorables derivados de la eliminación del subsidio al diésel camaronero sin un cronograma adecuado, lo que ha generado un impacto económico considerable. Además, la migración del consumo hacia otros combustibles subsidiados, por parte de actores ilegales, ha anulado por completo la intención del Ministerio de Economía y Finanzas de generar ahorros estatales con dicha eliminación.” Resaltó José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la CNA
La CNA reitera que la eliminación del precio diferenciado del diésel para camaroneros, que poseen más de 30 hectáreas productivas, representa un aumento de más de 16 centavos en el costo de producción por libra e impacta directamente a su competitividad.
“Nos dirigimos al Ministerio de Energía y Minas con una exigencia clara y urgente: implementar de inmediato los controles necesarios para detener el abastecimiento ilegal de combustibles subsidiados, como lo evidencian las cifras registradas por Petroecuador. Sin estos controles efectivos, se está castigando una vez más a los actores formales de la cadena camaronera, mientras que la informalidad se beneficia ilegalmente de los subsidios.” Destacó el dirigente gremial.
La Cámara Nacional de Acuacultura insta a las autoridades competentes a tomar acciones enérgicas y contundentes para resolver esta situación inaceptable. La falta de control en la comercialización de combustibles subsidiados no solo socava la competitividad del sector, sino que también perjudica gravemente los intereses del Estado y promueve la competencia desleal.