La inseguridad se ha convertido en motivo de profunda preocupación para el sector camaronero. Según cifras recabadas por la Dirección de Seguridad de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), de enero a finales de noviembre de 2023, se han registrado un total de 76 incidentes delictivos, resultando 58 personas heridas y cuatro víctimas fatales.
No obstante, estas estadísticas podrían subestimar la verdadera magnitud del problema, ya que se calcula que sólo el 30 % de hechos se denuncian, es decir, por cada hecho delictivo que la CNA registra hay, por lo menos, dos más que no son denunciados por temor a represalias y también por la desconfianza que generan los administradores de justicia, ya que pese a existir elementos probatorios suficientes del delito, en algunos casos, dictan medidas sustitutivas.
Los grupos delictivos, cada vez más audaces, han intensificado sus acciones, incursionando en propiedades productivas, interceptando a trabajadores en tránsito y perpetrando actos de violencia con el objetivo de expandir su control territorial y sembrar el miedo. En la actualidad, estas organizaciones criminales están intimidando a los equipos de seguridad encargados de la protección del sector para socavar sus operaciones. Utilizan tácticas como amenazas, extorsiones e incluso perpetrando atentados.
El ambiente de inseguridad ha llevado al sector camaronero ecuatoriano a realizar una inversión anual de más de 80 millones de dólares en medidas de seguridad. Esta inversión abarca desde la contratación de guardias operando en turnos rotativos hasta la implementación de avanzados sistemas de videovigilancia, potenciados con inteligencia artificial y tecnología de rastreo satelital. Pero, a pesar del esfuerzo y la alta inversión, la lucha contra la delincuencia parece lejos de ser ganada.
La creciente inseguridad en el sector camaronero ecuatoriano ha impulsado a la Cámara Nacional de Acuacultura a establecer una mesa de seguridad para atender alertas en el Golfo de Guayaquil y el Archipiélago de Jambelí, evidenciando la urgencia de una acción gubernamental colaborativa para contrarrestar la violencia. Sin embargo, el gobierno no ha dado paso a la propuesta de la CNA para reformas al reglamento de armas, con el propósito facultar a las empresas de seguridad a portar armamento de largo alcance, en vista que la delincuencia emplea armas cada vez más sofisticadas.
La inseguridad que atraviesa el sector no solo se refleja en las cifras preocupantes, sino que también tiene consecuencias más allá de los números. La inseguridad está generando conmoción interna en el país. Ha motivado que los trabajadores no quieran ir a sus lugares de trabajo, afectando áreas cruciales como la producción y demás eslabones de la cadena.
Ante esta situación, se vuelve imperativo que el nuevo gobierno del Presidente Daniel Noboa, adopte medidas urgentes y eficaces. La CNA hace un llamado urgente a que busque ayuda internacional que permita hacer frente a la delincuencia, que está afectando al sector camaronero, otras ramas de la producción y el comercio, así como a la ciudadanía. La implementación de estrategias cuidadosamente planificadas y la colaboración entre los sectores público y privado son esenciales para restaurar la seguridad del país, como tema prioritario a atender.